Este mes se han producido dos hechos en la vida parlamentaria española, sin consecuencias ciertas, independientes entre si pero ética y conceptualmente irremediablemente pegados.
Algún periódico se hizo eco de documentos desclasificados de la CIA donde nuevamente se vinculaba al ex presidente del gobierno Felipe González con la trama de los GAL, alguién pidió que se formase una "comisión parlamentaria" que lo investigase, cosa que fue rechazada.
Por esos mismo días se votó y también rechazó la "reprobación" del actual ministro del Interior, con motivo de un cese de un mando de la Guardia Civil.
Entre los argumentos para rechazar ambas propuestas se mencionó por ejemplo que ya la Justicia en su dia juzgó y condenó a varios altos cargos y funcionarios policiales, curiosamente en aquellos días el jefe del principal partido de la oposición y sucesor en el gobierno (elecciones por medio), terminaba frecuentemente sus intervenciones parlamentarias con un "¡ marchese Sr. González¡", luego cuando dirigió el gobierno no se ahondaría en nuevas investigaciones y ahora su partido ha apoyado la no formación de una comisión.
Es archisabido que en España las comisiones parlamentarias nunca han servido para nada, salvo para insultarse los grupos políticos de una manera pública y competitiva - ¡y tú más¡ -, pero también es cierto que no puede existir una "democracia representativa" si no hay "luz y taquígrafos" .
Está hasta en los libros que un ministro (aún vivo) del régimen anterior en los momentos que iba a iniciarse la "Transición política" hizo quemar buena parte de los documentos del "Movimiento Nacional" (el partido único) y también algunos de la policía,con la clara intención de evitar que nadie pudiese procesar por responsabilidades políticas o violaciones incluso de la legalidad anterior.
En la discusión sobre reprobar al ministro del Interior, éste dió una relación de hechos irregulares efectuados por su antecesor (del partido que ahora le acusa) en los cuales un ministro y funcionarios policiales hicieron actos ilegales que con la colaboración de periodistas, les sirvieron por ejemplo para difamar a candidatos, luego pasadas las elecciones.
Entonces ni el ministro ni el ahora acusado hicieron nada por asumir su responsabilidad (el anterior) o restablecer el honor (en el caso del actual), por encima de los ataques verbales, se nos da el espectáculo de una connivencia entre unos y otros, cuyo resultado cierto es la ocultación de la verdad a la ciudadanía (privándola de elementos de juicio), se diría que a los políticos españoles de cualquier signo y nivel lo que más les importa, es que sus actos queden ocultos a la opinión y quizás algún lustro después de que hayan muerto podamos saber o intuir cuando algún investigador, consultando los archivos de un país extranjero encuentre pruebas de lo que realmente pasó en un momento en nuestro país.
Solo así se entiende que quien haya sido reiteradamente señalado en el pasado y hoy, no haya tenido la gallardía para defender su honor, si de verdad es inocente y haber exigido no ya una comisión de investigación sino la desclasificación de todos los documentos de su etapa gubernamental, ocultarse tras el apoyo obstruccionista de sus colegas políticos hace que sobre la democracia se extienda una sombra que trágicamente se transforma en mancha pútrida, parece que nadie oyó contar el dicho de la antigua Roma que decía: "a la mujer del Cesar no le basta ser honrada, tiene que parecerlo".
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